APM Terminal inicia arbitraje contra Guatemala por caso de TCQ

Galtero Lara
Setiembre 14, 2018

Jorge Luis Donado, titular de la Procuraduría General de la Nación, dijo que se están analizando los documentos presentados por APM Terminals ante la intención de una posible demanda de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala por la nulidad del contrato de la Terminal de Contenedores Quetzales (TCQ).

El director de la empresa española, Mogens Larsen, detalló que "la compañía ha dedicado bastante tiempo y esfuerzos en tratar de resolver una situación que se originó con anterioridad a nuestra adquisición de la Terminal de Puerto Quetzal, pero después de casi dos años y medio, la situación sigue sin resolverse, por lo tanto, nos vemos obligados a proteger la inversión sustancial que hemos realizado y los compromisos que hemos demostrado con Guatemala".

Esta solicitud fue avalada en diciembre del año pasado, lo que "ha colocado a APM Terminal en una situación de gran incertidumbre y riesgo", refiere un comunicado de prensa.

APM genera unos 400 empleos directos e indirectos, opera a un 80 por ciento, y cuenta con planes de expansión y mejoramiento para "cumplir con los requisitos de mercado y ayudar a Guatemala a mantener el liderazgo regional estratégico en el manejo de contenedores", explica el comunicado.

Larsen añade que el cierre de la terminal y la nulidad del contrato tendrían un "impacto negativo severo en el comercio exterior y el empleo" de Guatemala.

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Un arbitraje de inversión internacional podría tener efectos adversos para Guatemala en el área de la inversión extranjera directa y la calificación del riesgo país, consideró Grupo Maersk.

Con el arbitraje, el Estado podría ser obligado a compensar el deterioro de las instalaciones y pagar la inversión de la compañía que actualmente asciende a unos US$200 millones.

Según el APRI, el inversionista puede notificar a la parte contratante la existencia de una disputa, que inicia un período durante el cual el inversionista y el Estado contratante deberían entablar conversaciones sobre la resolución de la controversia.

La ampliación de Puerto Quetzal, en el departamento sureño de Escuintla, empezó en agosto de 2014 y se produjo a través de un usufructo entre TCQ (ahora APM Terminals Quetzal) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

La estructura encargada del negocio supuestamente fue liderada por el propio Otto Pérez y Roxana Baldetti, quienes acumulan ese caso a su historial judicial.

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